En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una compañía especializada en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, desarolladores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la gestión de la firma valenciana después de que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva querella en Valencia por una pluralidad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.

Esta segunda querella, que asimismo supone a José Luis Villafranca, de hoy miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de usar la composición de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda señala de qué manera, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de miembros, los acusados prosiguieron tomando decisiones esenciales, bloqueando efectivamente a JZI de participar en la gestión de la compañía. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos han sido de forma sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.

Este enfrentamiento no solo se extiende por 2 jurisdicciones, con litigios tanto en Estados derechos societarios Unidos como en España, sino asimismo revela una trama compleja de disputas legales que incluye acusaciones contra los asociados creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en La capital de españa de trasladar uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por falta de indicios de delito añade otra capa a este entramado legal.

Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del mundo corporativo, sino más bien también las adversidades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los desafíos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las compañías..